Algunos grupos de mujeres consideran que las prostitutas son víctimas, pero para otros son “trabajadoras sexuales” con plenos derechos.
Según la International Sex and Red-Light Guide (Guía Internacional del Sexo y la Prostitución), “desde que los chinos sentenciaron que ‘quien consigue la riqueza consigue la gloria’, las mujeres sin familia, inteligencia o fortuna han utilizado el único medio de que disponían para ganar dinero rápidamente. Una habitación, una cama, una provisión de preservativos, una luz roja... y ya está el burdel montado. A 30 dólares por cliente, estas muchachas pueden ganar mucho más que trabajando en una fábrica por 4 dólares diarios, como suele suceder en casi todos los países subdesarrollados.”
Esta guía, que cuesta 30 dólares en Estados Unidos, añade que cada uno debe sacar el mayor beneficio posible de esta actividad comercial. Según sus autores, la prostitución es un negocio cuyo único principio es el de obtener lo más posible por la suma que se paga. “Si una mujer elige utilizar su cuerpo de este modo, en lugar de dejarse explotar como una esclava por empleadores de miseria, y si hay hombres dispuestos a pagar mejor que esos explotadores, no hay nada que objetar. Después de todo, no se trata de nuestro cuerpo ni de nuestro dinero, así que tampoco es asunto nuestro. Pero mientras no se arregle la situación económica mundial y el problema de la superpoblación, alguien tendrá que pagar la cuenta.”
Pero, ¿quién? ¿Los más pobres, los más vulnerables? No se puede negar que la industria del sexo ha adquirido dimensiones internacionales y que en muchos países, sobre todo de Asia, es un motor de la economía. La ironía está en que la prostitución no es del todo legal. Y su legalización, ¿reduciría algunas de las desigualdades y los abusos de que son víctimas las prostitutas? ¿O, al legitimarla, se anularía la labor de varios decenios para mejorar la condición femenina?
El eterno debate
A primera vista, estas preguntas parecen un refrito de un debate eterno, pero no lo son. La cuestión no se plantea ya en términos de moralidad, el dilema es si la prostitución es una forma de explotación que debe ser abolida o una profesión que hay que reglamentar.
Frente a esta polémica las agrupaciones de mujeres del mundo entero aparecen divididas en dos bandos: las que quieren erradicar la prostitución —como la Coalición no gubernamental contra la Trata de Mujeres—, y los grupos, radicados principalmente en el Reino Unido, los Países Bajos y Estados Unidos, que consideran a las prostitutas “trabajadoras del sexo” y defienden sus derechos. La hostilidad entre unos y otros es considerable. Por ejemplo, la Coalición acusa a los partidarios de reconocer los derechos de las prostitutas de representar los intereses de ‘chulos y proxenetas’. Y éstos responden afirmando que las abolicionistas permanecen encerradas en la torre de marfil de un feminismo académico, ajeno a la realidad que viven las prostitutas.
La línea divisoria entre los dos campos es la distinción entre la prostitución “libre” y la prostitución “forzada”. En general, las abolicionistas sostienen que la gran mayoría de esas mujeres son obligadas a ejercer la prostitución, y las trabajadoras del sexo replican que las cosas no son forzosamente así. En lo que unas y otras coinciden, aunque por distintas razones, es en que esta distinción simplifica excesivamente el problema. Es evidente que una niña nepalí de 12 años vendida a un prostíbulo de la India infestado por el sida no ha dado su consentimiento a esta forma de esclavitud. La drogadicta neoyorquina que tiene que hacer su cupo de clientes para que un proxeneta le administre la dosis que necesita tampoco es libre de tomar ninguna decisión. Pero, ¿qué sucede con la ucraniana que se queda sin empleo y decide irse a trabajar de camarera a Alemania pero termina en un burdel?
Para la Coalición, “las distinciones entre prostitución libre y forzada encubren las decisivas condiciones estructurales socioeconómicas —pobreza, marginación, falta de oportunidades y abuso sexual previo— que suelen llevar a las mujeres y las niñas a prostituirse”, según afirma Aurora Javate de Dios, de la filial de Asia y el Pacífico. “La crisis económica, las catástrofes naturales, la agitación política y las situaciones conflictivas convierten a mujeres y niñas en presa fácil de los traficantes y proxenetas. Este fenómeno se observa en todas partes, pero sobre todo en los países del Sur.” Javate de Dios estima que las leyes orientadas a establecer una distinción entre prostitución libre y forzada no tendrán nunca en cuenta la complicada dinámica de esas situaciones. Pueden tal vez hacer identificar las formas más extremas de coacción, pero ignoran las consecuencias de la pobreza y legitiman implícitamente las relaciones patriarcales.
En el bando opuesto, la línea de separación entre prostitución libre y forzada tampoco representa gran cosa. Lin Chew, ex portavoz de la Fundación contra la Trata de Mujeres, una ONG de trabajadoras del sexo con sede en los Países Bajos, se pregunta: “¿cuándo toma alguien decisiones libremente, sobre todo en el mercado laboral? ¿Acaso un hombre que trabaja en una fábrica de productos químicos por un salario que nunca le permitirá salir de la pobreza ha elegido esa forma de vida? Y, ¿qué pasa con las mujeres que debido a su origen social nunca podrán desarrollar sus competencias? ¿Por qué el principio de la libre elección habría de aplicarse sólo a la prostitución?”
Ahora bien, hay un punto en el que ambos campos están de acuerdo: la despenalización. Es hora de revocar las leyes que han servido para castigar a las prostitutas en aras de la protección de la decencia y el orden públicos. Pero a partir de aquí vuelven a surgir las divergencias. Para los grupos abolicionistas como la Coalición, las mujeres son víctimas, pero todos los que se aprovechan de su explotación merecen ser castigados. Sin embargo, para los grupos que defienden los derechos de las prostitutas, no se puede ayudar a las trabajadoras del sexo si se condena a sus empleadores a la clandestinidad. En cambio es posible tratar de mejorar su situación, garantizando a esas trabajadoras un trato justo y protección frente a los riesgos profesionales. Este es, seguramente, el último capítulo del debate: el papel del Estado.
En este tema los grupos que abogan por los derechos de las prostitutas presentan divisiones internas. Unos defienden la despenalización completa, es decir, sin reglamentación ninguna, y otros militan a favor de una legalización controlada. Con ella, se instaurarían por ejemplo controles sanitarios, zonas de prostitución libre alejadas de los barrios residenciales, y, en suma, cobertura social para las profesionales con todo lo que ello implica: pagar impuestos sobre la renta, pero también tener derecho a seguridad social y jubilación.
En teoría, la finalidad de todas estas normas es proteger a las prostitutas, pero para algunos grupos como COYOTE, partidario de la legalización total y radicado en Estados Unidos, algunas de ellas surten el efecto contrario. Según un informe de COYOTE, los burdeles regentados por el gobierno “serían la peor pesadilla de una prostituta, sobre todo cuando hay ya tantos antecedentes de abusos por parte de la policía”.
En cuanto a los permisos, “no contribuyen para nada a garantizar la seguridad del cliente ni de la prostituta. Esto no quiere decir que las mujeres no deban someterse a reconocimientos médicos frecuentes. Deben hacerlo”, afirma COYOTE, aludiendo a las quejas según las cuales las mujeres son tratadas como ganado por los inspectores sanitarios en locales mal equipados. “Al igual que un restaurante pierde su reputación si la comida que sirve no está en buenas condiciones, la libertad de mercado regulará la situación sanitaria de las mujeres trabajadoras.”
Para la Coalición contra la Trata de Mujeres, el debate sobre el papel del Estado no es más que un medio de eludir los verdaderos problemas. La denominación de “trabajadoras del sexo” no dignifica a la mujer en cuestión, sino a los chulos, proxenetas y traficantes. Según Janice Raymond, afiliada también a la Coalición, “lo que las mujeres prostituidas tienen que soportar en su ‘trabajo’ equivale a lo que en otros contextos correspondería a la definición aceptada de acoso y abuso sexual. ¿El hecho de que se pague una cantidad de dinero transforma ese abuso en un ‘empleo’ al que se da el nombre de ‘trabajo sexual comercial’?”
Cursos de prostitución
Raymond hace alusión a los cursos de pago que existen en los Países Bajos para aprender a hacer ese trabajo sexual y que abarcan todos sus aspectos, desde cómo comportarse en los bares hasta la información sobre impuestos. “¿Qué persona en sus cabales animaría a una jovencita a “formarse” en esa actividad comercial? ¿Por qué se presta tanta atención a fomentar el ‘comercio’ y no se hace nada para ayudar a las mujeres a salir de él?”, se pregunta. “Porque es mucho más fácil creer que esas mujeres son prostitutas por eleccción... Pero si ha de plantearse la cuestión de la elección, planteémosla a los clientes: ¿por qué hay hombres que eligen comprar los cuerpos de millones de mujeres, llamar sexo a esa operación y, aparentemente, disfrutar con ello?”
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